A partir del próximo 23 de mayo de 2025, la Ley 2210 de 2022, conocida como la “Ley del Entrenador Deportivo”, entrará en vigor en Colombia, marcando un hito en la regulación de la actividad de los preparadores físicos y técnicos deportivos en el país. Si bien la legislación se enfoca directamente en los requisitos que deben cumplir los entrenadores para ejercer legalmente, su implementación tendrá un impacto significativo en la preparación y el desarrollo de los deportistas colombianos.
La normativa establece la obligatoriedad para los entrenadores de inscribirse en el Registro de Entrenadores Deportivos, obteniendo una Tarjeta de Entrenador Deportivo o un Registro Provisional expedido por el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo (COCED). Asimismo, exige la posesión de un título académico en áreas afines al deporte, como educación física o disciplinas relacionadas, como un requisito fundamental para el ejercicio profesional.
Para aquellos entrenadores en ejercicio que no cuenten con una titulación formal, la ley contempla un Registro Provisional con una validez de cinco años, renovable por un periodo similar. Para acceder a este registro, los profesionales deberán superar una evaluación de idoneidad ante el Colegio Colombiano de Licenciados en Educación Física y Ciencias del Deporte (COLEF Colombia) y acreditar al menos doce meses de experiencia en el campo del entrenamiento deportivo.
La entrada en vigor de la Ley 2210 de 2022 busca elevar los estándares de calidad en la formación deportiva, garantizando que los atletas sean guiados por profesionales debidamente cualificados y con la formación necesaria para optimizar su rendimiento de manera segura y efectiva. Se espera que esta medida contribuya a fortalecer el sistema deportivo nacional en todos sus niveles.
Si bien la obligación de certificación recae directamente sobre los entrenadores, la comunidad deportiva en general, incluyendo atletas y organizaciones deportivas, deberá asegurar el cumplimiento de esta normativa. La contratación de entrenadores que no cumplan con los requisitos legales a partir de la fecha de implementación podría acarrear implicaciones legales para los infractores y las entidades deportivas involucradas.
