La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) anunció hoy un significativo ajuste en su operación debido a recortes presupuestales, lo que implicará el cierre de tres de sus oficinas en terreno y una reducción de personal que afectará a su capacidad de acompañamiento en varias regiones del país.
Según el comunicado emitido, en los próximos tres meses, las oficinas en terreno ubicadas en Antioquia, Chocó y Córdoba cesarán sus operaciones. Esta medida, resultado de los recortes financieros que la organización ha enfrentado este año, también conllevará la eliminación de 46 puestos de profesionales de derechos humanos, quienes han desempeñado una labor invaluable en Colombia.
La ACNUDH explicó que, para continuar cumpliendo con su mandato de la manera más eficiente posible, la cobertura de los territorios afectados –incluyendo Guaviare, Meta, Huila, Tolima y Caquetá– se gestionará desde su sede principal en Bogotá. Esto implica que estas regiones ya no contarán con una presencia permanente de la Oficina.
A pesar de estos ajustes, la Oficina del Alto Comisionado reiteró que mantendrá su presencia continua en Bogotá y en otras cuatro oficinas en terreno estratégicas. Estas incluyen Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca, Norte de Santander, Cesar, La Guajira, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, reconociendo la importancia de estas zonas para la defensa y promoción de los derechos humanos.
La Oficina lamentó profundamente la imposibilidad de seguir acompañando directamente a un gran número de personas defensoras y comunidades en terreno. Esta reconfiguración afectará particularmente a Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, así como a las autoridades del Estado en varias regiones del país, quienes se verán impactados por la reducción del contacto directo con la organización.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reafirmó que su mandato en Colombia se extiende hasta el año 2032 y aseguró su compromiso continuo con la protección de los derechos humanos en el país, adaptándose a las nuevas realidades operativas impuestas por los desafíos presupuestales.
