BOGOTÁ D.C. — En un giro que reactiva uno de los debates económicos más intensos de la administración actual, el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, convocó a una reunión de carácter urgente a los presidentes de las principales entidades bancarias del país. El objetivo del encuentro es notificar formalmente los detalles del decreto que reglamentará las inversiones forzosas, una medida que el Gobierno Nacional ha decidido retomar tras considerar insuficiente el cumplimiento del denominado “Pacto por el Crédito”.
La cita, programada para este lunes 23 de febrero de 2026, se produce en un contexto de alta sensibilidad financiera. La administración del presidente Gustavo Petro ha justificado esta decisión bajo el amparo de la declaratoria de emergencia económica, motivada por la crisis climática y las inundaciones que han afectado diversas regiones productivas del país.
Del acuerdo a la imposición
La relación entre el Ejecutivo y el sector financiero ha transitado por una senda de altibajos en el último año y medio. En agosto de 2024, ambas partes parecieron encontrar un punto de equilibrio con la firma del “Pacto por el Crédito”, un compromiso voluntario mediante el cual la banca privada se comprometía a inyectar recursos por el orden de los $250 billones en sectores estratégicos como el agro, la vivienda, el turismo y la industria.
Sin embargo, el tono del Gobierno ha cambiado drásticamente. El presidente Petro ha señalado públicamente que los compromisos adquiridos por las entidades no se han materializado en la escala requerida para la reactivación. “Los recursos no se desplazaron hacia la producción”, afirmó el mandatario, sugiriendo que la banca ha mantenido una postura conservadora que no contribuye a los objetivos de crecimiento del Plan Nacional de Desarrollo.
El mecanismo de la discordia
Las inversiones forzosas obligan a los bancos comerciales a destinar un porcentaje de sus depósitos a la compra de títulos emitidos por entidades estatales (como Finagro o Findeter), con el fin de financiar créditos con tasas subsidiadas para sectores específicos.
Para el Gobierno, este es un mecanismo de “democratización del crédito” necesario para dinamizar la economía en tiempos de crisis. Por el contrario, desde el sector financiero y gremios como Asobancaria, la medida es vista con cautela. Críticos y exministros de Hacienda han advertido que este tipo de intervenciones podrían distorsionar el mercado de capitales, encarecer el crédito para otros sectores y, en última instancia, poner en riesgo la eficiencia del ahorro de los colombianos.
Análisis de un escenario incierto
La reunión liderada por el ministro Bonilla no solo busca comunicar una decisión administrativa, sino también medir la temperatura de un sector que es clave para la estabilidad macroeconómica. Mientras el Ministerio de Hacienda defiende la legalidad de los decretos dentro del marco de la emergencia, expertos constitucionalistas y analistas de mercado anticipan que la medida enfrentará una férrea oposición jurídica ante la Corte Constitucional.
El ambiente previo al encuentro es de hermetismo. Por un lado, el Gobierno busca celeridad en la ejecución de recursos para paliar los efectos de la crisis invernal; por el otro, la banca espera claridad sobre los topes, las tasas de rentabilidad de dichas inversiones y el impacto real en su liquidez.
La jornada de este lunes marcará el inicio de un nuevo capítulo en la política económica de Colombia, donde la línea entre la cooperación público-privada y la intervención estatal parece haberse vuelto más delgada que nunca.
