BOGOTÁ — Con una votación de 95 votos a favor y 10 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el texto definitivo del proyecto de ley de sometimiento a la justicia, con lo cual la iniciativa superó su última discusión legislativa y quedó lista para recibir la sanción presidencial.
Tras concluir el extenso debate en la corporación, el Ministerio de Justicia señaló que durante el trámite se otorgaron garantías a las bancadas de oposición y se incorporaron diversas proposiciones presentadas por distintos sectores políticos al articulado.
Modificaciones y endurecimiento de condiciones
El texto aprobado en el Congreso introdujo modificaciones orientadas a endurecer los requisitos para acceder a beneficios penales. Entre los cambios más destacados figura el incremento en la pena de cárcel mínima exigida para los delitos de lavado de activos y testaferrato, la cual pasó de uno a seis años como requisito para recibir rebajas punitivas.
Asimismo, se estableció una prohibición expresa que excluye de cualquier tratamiento penal diferenciado a quienes hayan sido condenados por el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en estructuras criminales.
Esquema de sanciones y reclusión
En lo referente a las rebajas de penas, la normativa mantiene un sistema gradual fundamentado en el grado de responsabilidad dentro de las organizaciones criminales:
- Integrantes de base: Podrán acceder a una reducción de hasta el 50 % de sus condenas.
- Cabecillas y mandos: La reducción máxima será de hasta el 30 %, estableciéndose que la pena privativa de la libertad no podrá ser inferior a diez años en ningún caso.
La iniciativa dispone además que las personas que se acojan a este proceso deberán cumplir sus condenas en establecimientos de reclusión administrados por el INPEC, bajo estrictas medidas de control y restricciones efectivas de la libertad.
Durante la discusión en el poder legislativo se eliminó el artículo que contemplaba el uso de gastos reservados del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON). Adicionalmente, se determinó que las administraciones departamentales y municipales no asumirán cargas financieras derivadas de estos procesos, cuya coordinación general recaerá de manera directa sobre el Ministerio de Justicia.
Al coincidir el texto aprobado por la Cámara con el previamente avalado por el Senado de la República, se evitó la necesidad de una comisión de conciliación, permitiendo que el proyecto avance de manera directa hacia la firma del Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.
