BOGOTÁ — El Gobierno Nacional anunció el inicio de una revisión general a los sistemas de fotodetección utilizados para imponer comparendos de tránsito en el territorio colombiano, con el objetivo de verificar que estos dispositivos cumplan de manera estricta con los requisitos técnicos y legales vigentes.
De acuerdo con la información oficial emitida por las autoridades de transporte, dentro de las primeras acciones de control se negó la entrada en operación de un sistema de fotomultas en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, al constatarse que no reunía los parámetros exigidos por la normativa.
Asimismo, revisiones preliminares del Ejecutivo permitieron identificar cerca de 40.000 órdenes de comparendo que habrían sido impuestas de forma irregular, debido a que los equipos autorizados no tenían registrada formalmente la fecha de inicio de sus operaciones. Las autoridades precisaron que este número de comparendos es de carácter preliminar y se encuentra sujeto a una validación formal con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) antes de proceder con las determinaciones jurídicas correspondientes.
A la par de estos hallazgos, se identificaron 12 dispositivos cuya autorización administrativa se encuentra en proceso de revocatoria a causa de modificaciones en la competencia territorial de las respectivas autoridades de tránsito.
El plan de inspección se extenderá a la totalidad de los puntos de fotodetección habilitados en el país. En paralelo, el Gobierno adelantará un trabajo conjunto con el Ministerio de Transporte para estructurar una nueva reglamentación que regule estos mecanismos. La medida abarcará también la supervisión de los vehículos que emplean tecnología para la captura de infracciones en vía sin la presencia física de agentes de tránsito o sin los permisos correspondientes.
Desde el Gobierno se reiteró que los dispositivos que no se ajusten al marco legal no podrán prestar servicio y que se aplicarán los correctivos necesarios en aquellos lugares donde se confirmen anomalías en los procedimientos.
