En un sorprendente giro de los acontecimientos, la Fiscalía General de la Nación ha judicializado a varios uniformados de la Policía Nacional en Arauca, acusados de permitir la salida de personas privadas de la libertad. Entre los detenidos que habrían sido liberados temporalmente, se encuentran individuos judicializados por graves delitos como agresiones sexuales y feminicidios.
Los uniformados implicados en este escándalo son el mayor Joan Manuel Pérez Rodríguez, el subintendente Jhon Alexander Orozco Salazar, la patrullera Lesly Geraldin Angarita Quintero y el intendente Erwin Giovanny Liévano León, este último ya en retiro.
Según la investigación, estos oficiales habrían permitido la salida de detenidos de la estación de Policía de Arauca, de la cual Pérez Rodríguez era comandante. Los hechos habrían ocurrido entre mayo y junio de 2023.
Las salidas temporales habrían sido concedidas para que los detenidos realizaran arreglos locativos en las viviendas de los procesados, en casas fiscales, o para que adelantaran el mantenimiento de vehículos y aires acondicionados, entre otras actividades.
Además, se determinó que los procesados habrían permitido el ingreso de celulares, seguetas y alucinógenos a las celdas a cambio de pagos que oscilaban entre 800.000 y 1’500.000 pesos.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Arauca imputó a los investigados, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de cohecho propio, concusión, abuso de función pública, peculado por uso y fraude a resolución judicial o administrativa de policía. Ninguno de los cargos fue aceptado por los acusados.
Este caso ha causado gran consternación en la comunidad y ha puesto en evidencia la necesidad de una mayor supervisión y control en las estaciones de policía para prevenir actos de corrupción.
